El pasado sábado 11 de octubre de 2025, el emblemático Paseo de la Reforma de la capital mexicana se convirtió en el epicentro de un rugido de indignación.
Bajo el lema «Marcha por el Clima, la Vida y el Futuro», miles de activistas, pueblos originarios, estudiantes y defensores del territorio se congregaron para exigir una acción climática que trascienda las promesas vacías y aborde las profundas raíces de la devastación: el modelo económico extractivista.
El llamado de la movilización, que se extendió desde la Estela de Luz hasta el Monumento a la Revolución, fue claro: la crisis climática ya no es un futuro distante.
Es el presente de sequías extremas, huracanes más violentos e inundaciones que han marcado a México, incluso en un año como 2025, que registró las lluvias más intensas en 80 años en algunas regiones.
Sin embargo, el mensaje central de la protesta, con la seriedad analítica de un movimiento consolidado, apuntaba más allá de los fenómenos meteorológicos.
Para los manifestantes, la catástrofe climática en México no se explica únicamente por las emisiones de carbono. Es, según su posicionamiento colectivo, «el resultado de más de cinco siglos de saqueo que destruye la naturaleza y la humanidad». Esta perspectiva enmarca la lucha mexicana dentro de una narrativa global de injusticia ambiental y social.
La movilización destacó datos críticos sobre la inequidad del impacto: el 10% más rico del planeta es responsable de la mitad de las emisiones de gases de efecto invernadero, mientras que el 50% más pobre solo produce el 10% del total.
En este contexto de vulnerabilidad histórica, la sociedad civil mexicana exige que su gobierno y las corporaciones asuman la responsabilidad por un daño que afecta desproporcionadamente a los más marginados.
La consigna “No es sequía, es saqueo” resonó con fuerza, denunciando que la falta de agua es, ante todo, un problema de acaparamiento corporativo y de mala gestión, no solo de escasez natural.
La movilización de octubre de 2025 se enfocó en exigir la cancelación de varios proyectos de infraestructura y energía considerados emblemáticos del actual modelo de desarrollo, los cuales, según los activistas, promueven la devastación ambiental.
Entre los casos activos denunciados se encuentran:
- El Tren Maya: El megaproyecto insignia en el sureste de México, al que se acusa de causar un «ecocidio» en la Selva Maya debido a la destrucción de vastos ecosistemas y cenotes.
- El Proyecto Saguaro GNL (Gas Natural Licuado): Propiedad de la empresa estadounidense Mexico Pacific en Sonora, este proyecto fue objeto de una de las consignas más específicas: “Ballenas sí, gaseras no”, en referencia a la amenaza que representa para la vida marina en el Golfo de California.
- El Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec (CIIT).
- Otros proyectos, como Vista Pacífico y el Proyecto Perfect Day de Royal Caribbean en Mahahual, Quintana Roo, fueron señalados como ejemplos de “turistificación y colonialismo” que desplazan a las comunidades y destruyen ecosistemas.
La rabia de los manifestantes no solo se dirigió contra la destrucción de la tierra, sino también contra el sistema que permite la violencia y la impunidad contra quienes la defienden.
México fue declarado el segundo país más peligroso del mundo para los defensores de la Madre Tierra. Los activistas documentaron que tan solo en 2024, el país registró 25 asesinatos y más de 300 agresiones contra personas que protegen sus territorios.
Esta violencia, señalaron, está ligada a «intereses empresariales, financieros y estatales que buscan imponer un modelo extractivista por encima de la vida y de la tierra».
Como caso emblemático de la impunidad persistente, los manifestantes hicieron un llamado a la justicia frente a la catástrofe ambiental causada por Grupo México en el Río Sonora, un desastre que ocurrió hace años, pero cuya falta de reparación efectiva lo convierte en un símbolo del cinismo empresarial en el país.
El movimiento climático mexicano, representado por organizaciones como Greenpeace México y Conexiones Climáticas, enfatizó que su lucha es intrínsecamente interseccional.
La activista Xiye Bastida, del Comité Organizativo, subrayó que la protesta busca unir las luchas sociales con la climática.
Las demandas fueron vastas y complejas, abarcando:
- Justicia Social Amplia: Exigencias de alto a la gentrificación, respeto a los pueblos zapatistas, purépechas, otomíes, yaquis y wixárikas, justicia para feminicidios y transfeminicidios, y solidaridad con Palestina, Sudán del Sur, y el Congo.
- Rechazo al Greenwashing: Una clara denuncia a la «captación del movimiento climático» por eventos financiados por empresas extractivistas, como la Semana de Acción Climática, que buscan «lavar su imagen mientras destruyen nuestras vidas y territorios».
Una de las acciones recientes de mayor relevancia fue el levantamiento del plantón que la Caravana Mesoamericana por el Clima y la Vida mantenía frente a la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Tras la marcha, la Caravana emprendió su travesía hacia Chiapas, iniciando un camino simbólico y logístico que la llevará hasta Brasil, sede de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático 2025 (COP30), buscando llevar la voz de las comunidades mexicanas directamente al foro internacional.
El mensaje final de la Marcha por el Clima, la Vida y el Futuro resuena como un eco de la verdad ineludible en la política mexicana: No puede haber justicia climática sin justicia social. Es un recordatorio urgente a los gobiernos y a la élite global de que la defensa de la Tierra es, en esencia, la defensa de la dignidad humana.
