Las imágenes difundidas en redes sociales muestran plataformas de carga transportando enormes componentes metálicos hacia el complejo industrial promovido por Gas y Petroquímica de Occidente (GPO), un proyecto que empresarios presentan como una de las mayores inversiones petroquímicas de América Latina.
La llegada del equipo reactivó un conflicto ambiental y político que se ha prolongado durante más de una década. Comunidades indígenas mayo-yoreme, pescadores y organizaciones ambientalistas sostienen que la planta amenaza los ecosistemas de la Bahía de Ohuira, una región de manglares y humedales conectada con áreas protegidas y sitios Ramsar.
De acuerdo con medios locales y organizaciones civiles, las protestas coincidieron con apagones programados y operativos especiales para facilitar el traslado de los equipos industriales por carreteras del puerto.
Algunos manifestantes afirmaron haber frenado temporalmente el movimiento de un segundo reactor industrial, aunque esa versión no ha podido verificarse de manera independiente con autoridades federales ni con la empresa.
El gobierno federal ha reiterado su respaldo al proyecto. La presidenta Claudia Sheinbaum declaró recientemente que las consultas y evaluaciones ambientales fueron realizadas durante la administración anterior y que existe diálogo con las comunidades inconformes.
Para los habitantes que se oponen a la obra, el conflicto representa algo más amplio que una disputa industrial.
“Nos sentimos abandonados”, dijeron algunos manifestantes durante las protestas del fin de semana, según reportes locales.
Mientras las estructuras continúan llegando al puerto, la tensión en Topolobampo parece lejos de terminar.
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