Hoy, el megaproyecto de mil millones de dólares se encuentra paralizado por autoridades federales, y su principal operador enfrenta una investigación activa por parte de la Secretaría Anticorrupción estatal, cuyo expediente el gobierno local ha decidido blindar bajo llave.
Una investigación documental de El Ambientalista Post revela cómo el aparato gubernamental funcionó como una extensión corporativa, financiando con dinero público los viajes de cabildeo, las reuniones internacionales y la gestión territorial para allanar la resistencia social ante el proyecto extractivista.
Oficialmente, el Instituto para el Desarrollo y Financiamiento del Estado (IDEFIN) sostiene que, tras una búsqueda exhaustiva, no existe correspondencia, correos o minutas que vinculen a su exdirector con los ejecutivos de la red empresarial conformada por Royal Caribbean Group, Royal Caribbean Cruises Ltd., Cielo Asoleado S. de R.L. de C.V., Promociones Turísticas Mahahual S.A. de C.V., o Grupo ITM. Sin embargo, los reportes financieros de la propia dependencia exponen una realidad distinta: el Estado pagó los viáticos para que su funcionario operara en favor de este capital extranjero.
Entre abril y agosto de 2025, el erario de Quintana Roo costeó múltiples traslados de Adler. En abril de 2025, viajó a Miami acompañando a la gobernadora para reunirse con ejecutivos de Royal Caribbean, erogando $ 24,782 pesos. Días después, se trasladó a la Ciudad de México para sostener reuniones con la Secretaría de Economía federal exclusivamente por el «tema del apoyo para Royal Caribbean».
La operación no se limitó a los despachos gubernamentales. En julio de 2025, el funcionario viajó a Mahahual para acompañar a los funcionarios de la naviera en reuniones directas con ejidatarios, y a Cozumel para presentar el proyecto «Royal Beach Club» ante autoridades municipales.
El inicio del cabildeo institucional
Ari Adler, Director del IDEFIN, viaja a Miami y a la CDMX para asistir a la feria Sea Trade y sostener reuniones de gestión exclusivas para apuntalar el proyecto de Royal Caribbean. Los vuelos y viáticos son pagados por el erario de Quintana Roo.
Operación territorial en zonas de impacto
Los reportes financieros ubican al funcionario estatal acompañando a ejecutivos de la naviera en reuniones clave con el Ayuntamiento de Cozumel y con núcleos ejidatarios en Mahahual para presentar los proyectos turísticos.
La renuncia y la «puerta giratoria»
Se hace efectiva la renuncia voluntaria de Adler al gobierno estatal. Poco después, reaparece como representante legal en México de las filiales de la naviera (Cielo Asoleado S. de R.L. de C.V.).
Activación de la vía legal
Organizaciones de la sociedad civil (DMAS) interponen una denuncia administrativa formal exigiendo que se investigue la actuación del exfuncionario bajo presunto conflicto de interés.
Freno ambiental e impunidad clasificada
Mientras la SEMARNAT rechaza el impacto ambiental del megaproyecto, la Secretaría Anticorrupción estatal (SABGOB) confirma que Adler está bajo investigación, pero clasifica el expediente como secreto por tres años.
Argumento oficial: Hacer público el documento permitiría a los denunciados «destruir o inutilizar evidencia».
Tras ensamblar la estructura del megaproyecto desde el sector público, Adler presentó su renuncia voluntaria a la Dirección General del IDEFIN, la cual se hizo efectiva el 31 de agosto de 2025. Poco después, su nombre reapareció en los expedientes del caso, pero del otro lado de la mesa: asumiendo la representación legal y la presidencia en México del corporativo Royal Caribbean Group y operando los permisos a través de su filial promovente, Cielo Asoleado S. de R.L. de C.V..
Este salto inmediato de la función pública a la iniciativa privada detonó que, en marzo de 2026, la organización «Defendiendo el Derecho a un Medio Ambiente Sano» (DMAS) interpusiera una denuncia administrativa.
A través de solicitudes de transparencia, la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno (SABGOB) confirmó a este medio que Adler se encuentra bajo una investigación activa. No obstante, en un acto que consolida la asimetría institucional, el Comité de Transparencia de la dependencia (mediante el acuerdo 02/IIS.EXTRAO/100226) clasificó el expediente como «reservado por 3 años». ¿El argumento oficial emitido por la Coordinación General de Investigación? Revelar los avances podría afectar el debido proceso y provocar que las personas denunciadas pretendan evadir su responsabilidad o «sustraigan, destruyan o inutilicen evidencia».
El andamiaje político, sin embargo, colisionó con la realidad ecológica y la defensa ciudadana. La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) ejecutó actas de clausura por el desmonte ilegal de casi 20 hectáreas de vegetación costera, y recientemente, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) emitió un resolutivo rechazando la autorización de impacto ambiental del proyecto.
A pregunta expresa de este medio, y tras recibir un cuestionario detallado sobre el presunto conflicto de interés de su representante legal y los planes de remediación ambiental, el departamento de prensa de Royal Caribbean declinó emitir comentarios. Por su parte, la organización ciudadana DMAS reservó sus declaraciones para mantener el sigilo del proceso judicial que actualmente mantiene frenada la obra.
El silencio de los actores corporativos contrasta con la elocuencia de los documentos públicos: en Mahahual, la puerta de entrada al despojo ambiental fue financiada por el propio Estado.
Marcos Abraham Pérez Rosas, es Jefe de la oficina de El Ambientalista Post. Cubre temas ambientales, política y da coberturas de última hora.
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