Clara Brugada presume un aire más limpio en la capital; el reto estructural de la desigualdad climática persiste

Durante su segundo informe de gobierno, la jefa de Gobierno, Clara Brugada, ofreció una visión inusualmente optimista sobre la atmósfera de la metrópoli, al anunciar una reducción del 40 por ciento en las contingencias ambientales entre 2024 y 2026.

No obstante, detrás de las cifras oficiales que celebran la prevención de un millón de emisiones contaminantes, subyace una tensión estructural. Si bien la administración capitalina ha dado pasos hacia la justicia espacial destacando la expansión del sistema Ecobici hacia alcaldías periféricas como Iztapalapa, Iztacalco y Tlalpan, analistas y defensores del territorio señalan que las políticas presentadas aún bordean los síntomas sin desmantelar el modelo urbano que depreda los recursos naturales de la cuenca.

El informe, presentado ante el Congreso en el céntrico palacio de Donceles, delineó una ambiciosa agenda de economía circular y mitigación climática. Brugada destacó un incremento del 45 por ciento en el reciclaje a través del programa “Transforma tu ciudad” y anunció la creación de un nuevo polo para procesar composta y reutilizar asfalto en el Bordo Poniente. Sin embargo, para los especialistas en justicia ambiental, la elección de este sitio perpetúa una dinámica de desigualdad: el oriente de la ciudad continúa fungiendo como la zona de sacrificio ecológico para absorber los desechos de la capital.

Las fisuras en la ejecución del gobierno también se asoman en el rubro de la infraestructura verde. La mandataria celebró la plantación de 27,000 árboles y la recuperación de 60,000 más, como parte de un plan maestro para sembrar un millón de ejemplares. A este ritmo, la administración ha cubierto apenas el 2.7 por ciento de su meta. En una ciudad amenazada por islas de calor y un agudo estrés hídrico, este rezago amenaza con dejar a las zonas más marginadas sin refugios climáticos viables.

A esto se suma una aparente contradicción en la política de modernización del servicio de limpia. El gobierno invertirá 194 millones de pesos en 50 nuevos camiones recolectores para garantizar la separación de residuos domiciliarios. Aunque la medida atiende una crisis logística, la adquisición de una flota que probablemente dependa de combustibles fósiles en lugar de apostar por la electromovilidad refleja las limitaciones de un Estado que intenta sanear su cielo mientras sigue atado a una infraestructura emisora.

Brugada reiteró su compromiso de reducir en un 35 por ciento la contaminación general al final de su mandato. El desafío, sin embargo, radica en demostrar si su administración logrará una verdadera transición ecológica que priorice a las poblaciones vulnerables, o si los avances reportados terminarán siendo un alivio temporal en una metrópoli que se niega a frenar su expansión extractivista.