Con casi la totalidad de las secciones electorales contabilizadas, Lula obtuvo el 51,77 por ciento de los votos válidos, frente al 48,23 por ciento del senador Flávio Bolsonaro, candidato de la derecha brasileña. La diferencia superó los cuatro millones de sufragios, según los resultados electorales divulgados por las autoridades brasileñas. El recuento publicado por el Tribunal Regional Electoral de São Paulo confirmó la reelección del mandatario.
El resultado fue una remontada política. En la primera vuelta, celebrada el 4 de octubre, Flávio Bolsonaro había quedado por delante, con el 47,03 por ciento de los votos válidos, mientras Lula había obtenido el 45,16 por ciento.
El presidente revirtió la desventaja en la segunda votación, en una elección que terminó marcada por la polarización y por una disputa que dividió al electorado prácticamente en dos mitades. Agência Brasil documentó la victoria y la movilización que impulsó la campaña de Lula.
El desenlace tiene una dimensión histórica: desde el final de la dictadura militar, en 1985, ningún candidato que hubiera terminado segundo en la primera vuelta había conseguido ganar la presidencia en la segunda. Lula lo logró a los 80 años, después de haber gobernado Brasil entre 2003 y 2010 y de regresar al poder en enero de 2023.
Su victoria, sin embargo, no puede interpretarse como una aprobación sin reservas de todo lo hecho por su administración. Casi la mitad de los votantes que eligieron entre los dos finalistas optó por la alternativa de Flávio Bolsonaro.
La oposición conserva una base política considerable y el próximo mandato tendrá que desenvolverse en un Congreso de tendencia más conservadora, donde la aprobación de reformas exigirá negociaciones.
La elección confirma que una parte mayoritaria del electorado prefirió la continuidad de Lula. Pero también plantea una exigencia: demostrar que los resultados económicos y sociales de los últimos años pueden traducirse en una mejora más amplia de las condiciones de vida, que la recuperación ambiental no sea reversible y que las políticas de inclusión alcancen a quienes siguen expuestos a la discriminación.
El balance de su tercer gobierno, concluido en 2026, ofrece razones para reconocer avances y motivos para mantener el escrutinio.
Lula regresó a la presidencia con una promesa conocida: reconstruir la capacidad del Estado para combatir el hambre y reducir las desigualdades. La reactivación del programa Bolsa Família, el fortalecimiento de las transferencias sociales y las medidas para recuperar el ingreso de los hogares ocuparon un lugar central en esa agenda. Los indicadores muestran una mejoría significativa.
Según los datos del Instituto Brasileño de Geografía y Estadística (IBGE), la proporción de personas en situación de pobreza descendió del 31,6 por ciento de la población en 2022 al 23,1 por ciento en 2024. La extrema pobreza, medida con una línea internacional de ingresos, bajó del 5,9 al 3,5 por ciento durante el mismo periodo. En la comparación entre 2023 y 2024, el organismo estimó que alrededor de 8,6 millones de personas dejaron de encontrarse por debajo de la línea de pobreza y cerca de 1,9 millones salieron de la extrema pobreza.
Ambos indicadores alcanzaron en 2024 sus niveles más bajos de la serie iniciada en 2012. Los datos del IBGE sobre ingresos y pobreza ofrecen una medida concreta del cambio ocurrido durante los primeros años del mandato.
El programa Bolsa Família fue una pieza importante de esa estrategia. En septiembre de 2026, atendía a más de 19,2 millones de familias, con un beneficio promedio de alrededor de 676 reales mensuales, según el tablero de información social del Gobierno brasileño. El programa no elimina por sí solo las causas de la pobreza, pero proporciona ingresos a hogares que, sin ese respaldo, tendrían mayores dificultades para cubrir gastos básicos.
El avance también se reflejó en la seguridad alimentaria. En julio de 2026, el informe El estado de la seguridad alimentaria y la nutrición en el mundo, elaborado por organismos de Naciones Unidas, confirmó que Brasil permanecía fuera del llamado Mapa del Hambre. Para el trienio 2023-2025, la proporción de población subalimentada se mantuvo por debajo del umbral del 2,5 por ciento utilizado por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO).
El Gobierno brasileño también informó, a partir de ese estudio, que la inseguridad alimentaria grave había descendido al 0,6 por ciento. La FAO y las autoridades brasileñas explicaron los indicadores utilizados para medir el hambre.
La distinción importa. Estar fuera del Mapa del Hambre no significa que todas las familias tengan acceso garantizado a una alimentación saludable ni que la inseguridad alimentaria haya desaparecido. El propio informe señala que, en el trienio que terminó en 2025, el 21,1 por ciento de la población no podía permitirse una dieta saludable.
La recuperación social brasileña es, por tanto, real, pero incompleta. Los indicadores nacionales describen una mejoría en el acceso a los ingresos y los alimentos; no demuestran que las oportunidades estén distribuidas de manera equitativa ni que la vulnerabilidad económica haya dejado de condicionar la vida cotidiana de millones de personas.
El mercado laboral aporta otro argumento favorable al balance de Lula. La tasa anual de desempleo se situó en el 5,6 por ciento en 2025, el nivel más bajo de la serie histórica iniciada en 2012, de acuerdo con el IBGE. La población ocupada alcanzó los 103 millones de personas. En el trimestre comprendido entre junio y agosto de 2026, la tasa de desocupación descendió al 5,3 por ciento. Los resultados de empleo publicados por el IBGE muestran la fortaleza del mercado laboral durante el periodo.
Pero tener trabajo no equivale necesariamente a contar con estabilidad, prestaciones o ingresos suficientes. En 2025, el 38,1 por ciento de la población ocupada seguía trabajando en condiciones de informalidad. Para una parte importante de los trabajadores, el crecimiento del empleo no resuelve la incertidumbre de los ingresos ni garantiza protección frente a una enfermedad, un accidente o la pérdida de la actividad económica.
La desigualdad de ingresos también ofrece una advertencia. El coeficiente de Gini, que mide la concentración de los ingresos y se acerca a cero cuanto más igualitaria es su distribución, descendió a 0,504 en 2024. Sin embargo, el dato del IBGE para 2025 mostró un repunte a 0,511. Aunque permanece por debajo del nivel de 0,543 registrado en 2019, el cambio indica que la mejora no siguió una trayectoria uniforme.
La cifra no invalida los avances anteriores, pero sí cuestiona la idea de que la recuperación económica produce automáticamente una sociedad más igualitaria. La serie de ingresos del IBGE registra tanto la caída de la desigualdad hasta 2024 como su posterior aumento.
El desafío es particularmente importante en un país donde la pobreza tiene una dimensión racial y de género. Las políticas de transferencias sociales pueden mejorar el ingreso de los hogares, pero no sustituyen las medidas necesarias para combatir la discriminación en el empleo, ampliar el acceso a la educación de calidad y reducir las diferencias en el ejercicio de los derechos.
El Gobierno de Lula buscó recuperar la igualdad racial como una responsabilidad explícita del Estado. La creación del Ministerio de Igualdad Racial, en 2023, y el establecimiento de un objetivo para que al menos el 30 por ciento de determinados puestos federales de confianza y liderazgo fueran ocupados por personas negras formaron parte de esa estrategia.
La administración también impulsó una actualización de la política de cuotas en las instituciones federales de educación superior. Estas medidas se sumaron a mecanismos de acción afirmativa que Brasil había desarrollado durante décadas, y que se habían convertido en un terreno de confrontación política.
Al presentar sus medidas contra el racismo en marzo de 2023, Lula sostuvo que combatirlo significaba enfrentar las raíces históricas de la desigualdad. El mensaje reconocía una realidad que las estadísticas generales suelen ocultar: los promedios nacionales pueden mejorar mientras determinadas comunidades continúan soportando una proporción desmedida de la pobreza y la exclusión.
El alcance de estas iniciativas, no obstante, depende de algo más que su aprobación. Una meta de representación no demuestra que haya sido alcanzada; un ministerio no garantiza por sí solo que las políticas lleguen a los municipios, y una reforma educativa no elimina automáticamente las barreras económicas que dificultan el acceso y la permanencia de los estudiantes.
La violencia policial, la discriminación racial y las desigualdades en el acceso a oportunidades siguen siendo parte del balance que debe examinarse. Son problemas estructurales, anteriores a este mandato, pero su persistencia impide presentar la reconstrucción institucional como una reparación concluida.
La igualdad salarial entre mujeres y hombres ofrece un ejemplo similar. Lula sancionó en 2023 la Ley 14.611, que establece mecanismos para promover la igualdad de remuneración por trabajo de igual valor. La medida creó obligaciones para combatir las diferencias salariales, pero la existencia de una ley no equivale a una garantía automática de cumplimiento en todos los lugares de trabajo.
La pregunta para el próximo gobierno no será solamente cuántas normas ha aprobado, sino cuántas desigualdades ha conseguido reducir y qué mecanismos de vigilancia, sanción y reparación permiten que las nuevas garantías se cumplan.
Si existe un ámbito en el que el tercer gobierno de Lula puede mostrar un cambio verificable frente a la administración anterior, es el control de la deforestación.
El presidente recuperó el Plan de Acción para la Prevención y el Control de la Deforestación en la Amazonía Legal, conocido como PPCDAm, y devolvió protagonismo a las instituciones encargadas de la vigilancia ambiental. La reactivación de la fiscalización y de las políticas de protección forestal devolvió al Gobierno una herramienta que había perdido centralidad durante los años anteriores.
Los resultados más recientes, divulgados en octubre de 2026 por el Instituto Nacional de Investigaciones Espaciales (INPE), son contundentes.
La deforestación en la Amazonía Legal brasileña alcanzó los 3.335 kilómetros cuadrados entre agosto de 2025 y julio de 2026, una reducción del 41,8 por ciento frente a los 5.731 kilómetros cuadrados registrados en el periodo anterior. Es la cifra más baja de la serie del sistema PRODES, que comenzó en 1988.
La reducción no se limitó a la Amazonía. En el Cerrado, el segundo gran bioma de Brasil, la superficie deforestada descendió un 23,8 por ciento, hasta los 5.516,69 kilómetros cuadrados, el nivel más bajo desde que comenzó la serie en 2001.
Los números marcan un avance relevante. También corrigen una lectura que habría sido válida en etapas anteriores del mandato: después de años de presiones crecientes sobre el Cerrado, los nuevos datos muestran una disminución de la deforestación en ese bioma. El INPE publicó los resultados de 2026 y la comparación entre ambos periodos.
La mejora es compatible con la recuperación de las instituciones ambientales, la vigilancia por satélite y la aplicación de medidas contra la tala ilegal. Pero los datos, por sí solos, no permiten atribuir toda la reducción a una sola decisión presidencial. La dinámica de la deforestación también depende de los mercados agrícolas, el precio de las materias primas, las actuaciones de los estados, las condiciones locales y la capacidad de mantener la fiscalización durante periodos prolongados.
Además, una disminución no significa que el problema haya terminado. En un solo año desaparecieron 3.335 kilómetros cuadrados de cobertura forestal en la Amazonía Legal. La magnitud de esa pérdida sigue siendo considerable, aun cuando representa una mejora frente a años recientes.
El Gobierno brasileño ha prometido alcanzar la deforestación cero para 2030. Cumplir esa meta requerirá mantener la reducción durante varios años, evitar que el daño se desplace a otras regiones y reforzar las garantías territoriales para las comunidades indígenas y tradicionales.
La continuidad de la protección ambiental también dependerá de cómo se resuelvan los conflictos entre el Estado, el agronegocio, los proyectos de infraestructura y los pueblos que viven en los territorios amenazados.
El debate sobre el llamado marco temporal para el reconocimiento de tierras indígenas refleja la dificultad de conciliar esos intereses en un sistema político donde las decisiones del Ejecutivo no siempre prevalecen.
La política ambiental de Lula tiene una contradicción difícil de ignorar: el presidente que reconstruyó la agenda contra la deforestación también ha respaldado la continuidad de la exploración petrolera y la búsqueda de nuevas reservas.
En octubre de 2026, Petrobras, la compañía estatal de petróleo, anunció un nuevo descubrimiento de hidrocarburos en aguas profundas frente al estado de Amapá, en la llamada Margen Ecuatorial.
La zona es considerada por la empresa una de las fronteras de exploración más prometedoras del país, pero también presenta desafíos técnicos y ambientales importantes. Reuters informó sobre el nuevo descubrimiento y el avance de la exploración petrolera.
La contradicción no es sólo retórica. Brasil puede reducir la pérdida de bosques y, al mismo tiempo, desarrollar actividades que prolonguen su dependencia de los combustibles fósiles. El resultado final dependerá de cuánto aumenten las emisiones, cómo se utilicen los ingresos de la industria petrolera y qué velocidad alcance la transición energética.
El compromiso climático presentado por Brasil en 2024 establece una reducción de entre el 59 y el 67 por ciento de las emisiones netas de gases de efecto invernadero para 2035, en comparación con 2005. El país mantiene también el objetivo de alcanzar la neutralidad de carbono en 2050. La nueva contribución climática de Brasil fue presentada por el Gobierno ante Naciones Unidas.
Sin embargo, las metas climáticas requieren algo más que compromisos diplomáticos. Exigen decisiones sobre energía, transporte, agricultura, industria y uso de suelo. La falta de una hoja de ruta internacional explícita para abandonar progresivamente los combustibles fósiles en el acuerdo final de la COP30, celebrada en Belém en 2025, evidenció lo difícil que resulta convertir la retórica climática en compromisos vinculantes. Associated Press examinó los resultados y las limitaciones del acuerdo de la COP30.
La Amazonía fue uno de los símbolos centrales del retorno internacional de Lula. Su capacidad de protegerla en los próximos años se medirá tanto por las tasas de deforestación como por las decisiones que tome sobre energía, explotación de recursos naturales y derechos territoriales.
El avance en los indicadores forestales constituye un logro significativo. Pero la credibilidad climática del Gobierno dependerá de que la reducción de la deforestación y la transformación de la matriz energética dejen de avanzar por caminos separados.
Para la comunidad LGBT+, el regreso de Lula significó la recuperación de espacios institucionales que habían perdido fuerza durante los años anteriores. El Gobierno restableció mecanismos de participación social y volvió a situar la discriminación por orientación sexual e identidad de género dentro de la agenda federal.
En abril de 2023 se instituyó el Consejo Nacional de los Derechos de las Personas LGBTQIA+, con 38 integrantes: 19 representantes del Gobierno federal y 19 de organizaciones de la sociedad civil. El organismo tiene funciones de participación y deliberación en la formulación de políticas públicas. Ese mismo año, el Ministerio de Derechos Humanos estableció una estrategia nacional para enfrentar la violencia contra esta población.
La reconstrucción institucional fue un paso concreto. Permitió restablecer un canal de diálogo entre el Estado y las organizaciones sociales y creó una estructura para coordinar políticas que, de otro modo, podían quedar dispersas entre distintas dependencias gubernamentales. El decreto del Consejo Nacional LGBTQIA+ establece sus funciones y composición.
En octubre de 2025, el Ministerio de Derechos Humanos instituyó además la Política Nacional de los Derechos de las Personas LGBTQIA+, posteriormente reglamentada por el consejo nacional. El instrumento busca coordinar actuaciones entre el Gobierno federal, los estados, el Distrito Federal, los municipios y la sociedad civil, con especial atención a la prevención de la discriminación y a la garantía de derechos.
La política nacional establece un marco de actuación que no existía con la misma formalización en los años inmediatamente anteriores. En 2026, el Ministerio continuó desarrollando el mecanismo de adhesión para las administraciones y los consejos locales que quieran integrarse en la red de implementación. La política nacional y sus mecanismos de coordinación están descritos en el portal oficial LGBTQIA+ del Gobierno brasileño.
Pero una arquitectura institucional no garantiza, por sí sola, una transformación de la vida cotidiana.
El reconocimiento de derechos depende de que las políticas tengan continuidad, recursos y capacidad de ejecución. También exige que la población pueda acceder a servicios públicos sin discriminación, que las denuncias de violencia sean investigadas y que las diferencias entre regiones no determinen el grado de protección del que dispone una persona.
La violencia contra las personas trans permite observar la distancia entre el compromiso institucional y la seguridad efectiva. Según el dossier de la Asociación Nacional de Travestis y Transexuales de Brasil (ANTRA), en 2025 se registraron 80 asesinatos de personas trans, un descenso del 34 por ciento frente a los 122 documentados en 2024.
A pesar de esa disminución, Brasil siguió ocupando el primer lugar entre los países con mayor número de asesinatos de personas trans en el registro citado por la organización.
La presidenta de ANTRA, Bruna Benevides, ha vinculado esa violencia con un sistema que normaliza la opresión. La cifra debe interpretarse con cautela: se trata de asesinatos documentados por una organización de la sociedad civil, no de un registro administrativo exhaustivo que necesariamente capture todos los casos.
Aun con esa limitación, la persistencia de decenas de muertes en un solo año evidencia la dimensión del problema. Agência Brasil publicó los resultados del dossier de ANTRA en enero de 2026.
También conviene distinguir los avances legales anteriores al actual mandato de las decisiones adoptadas por el Gobierno de Lula. El matrimonio entre personas del mismo sexo y la equiparación judicial de la homofobia y la transfobia al delito de racismo no fueron creaciones de su tercer mandato. Son conquistas jurídicas que la administración actual puede defender, desarrollar y complementar, pero no atribuirse como si fueran nuevas.
El debate político, por tanto, no consiste sólo en determinar si Lula ha sido más favorable a la diversidad que sus adversarios. Consiste en establecer cuánto ha conseguido convertir ese respaldo en políticas capaces de proteger a las personas frente a la violencia y la exclusión.
Una revisión de los programas de gobierno de los candidatos, publicada por Agência Patrícia Galvão a partir de un análisis de AzMina antes de la segunda vuelta, encontró que sólo el plan de Lula mencionaba explícitamente a la población LGBTQIAPN+. El documento incluía propuestas sobre salud reproductiva e igualdad salarial, mientras que el plan de Flávio Bolsonaro vinculaba sus propuestas con un enfoque centrado en las mujeres y la familia. La comparación de las propuestas electorales fue publicada el 20 de octubre de 2026.
La diferencia importa, pero no elimina la necesidad de evaluar la implementación. Una propuesta electoral es una declaración de intención; un decreto o una política nacional establece un marco administrativo; una mejora verificable exige demostrar que los recursos, los servicios y las protecciones han llegado efectivamente a la población a la que están dirigidos.
El siguiente mandato ofrece a Lula la oportunidad de cerrar esa brecha. El reto no será únicamente conservar consejos y secretarías, sino conseguir que su trabajo se traduzca en seguridad, acceso a la salud, inclusión laboral y protección contra la discriminación.
En su discurso después de ganar las elecciones, Lula dijo que gobernaría para todos los brasileños, incluidos quienes no habían votado por él. También reconoció que el Congreso elegido por los ciudadanos sería una pieza decisiva de su próximo gobierno y prometió negociar con él.
«Nadie está obligado a querer al presidente electo, pero fue elegido para gobernar para todos», dijo, de acuerdo con la cobertura de su discurso publicada por UOL. En otro momento, resumió el desafío de la gobernabilidad: «Yo no elegí al Congreso; el pueblo lo eligió y con él voy a trabajar». UOL recogió sus declaraciones después de la victoria.
Lula también prometió que su nuevo gobierno sería el mejor de la historia de Brasil. La frase encierra una ambición, pero también una medida de evaluación. Después de tres años de reconstrucción institucional y recuperación de indicadores, ya no bastará con demostrar que el país puede mejorar respecto de una etapa anterior de retrocesos.
En materia social, su agenda apunta a mantener los programas de transferencias, ampliar las oportunidades educativas y fortalecer el empleo. En vísperas de la elección, el presidente había prometido universalizar el programa Pé-de-Meia, destinado a apoyar la permanencia de estudiantes de educación media, y continuar las inversiones en las industrias digital, verde y creativa. También anunció que quería dedicar especial atención a la protección de las mujeres y al combate de la violencia. Sus promesas para el próximo mandato fueron recogidas por UOL durante la campaña.
En el terreno ambiental, la promesa más medible es lograr la deforestación cero para 2030. El objetivo será difícil de cumplir si Brasil no mantiene la fiscalización y no consigue conciliar la conservación con las presiones económicas sobre los territorios. La experiencia de los últimos años ofrece un precedente alentador, pero no una garantía de continuidad.
Para las personas LGBT+, el desafío es consolidar la política nacional aprobada en 2025 y demostrar que sus estructuras producen resultados. Eso implica seguimiento presupuestario, coordinación con los gobiernos locales y mecanismos públicos para evaluar la prevención de la violencia y el acceso a derechos. Las promesas de inclusión tendrán que resistir las presiones de los sectores políticos que se oponen a ellas.
Y, en cada uno de esos campos, la gobernabilidad será decisiva. Lula reconoció después de su victoria que tendría que trabajar con un Congreso más conservador. La política social, la protección de los bosques y los derechos civiles no dependen únicamente de decisiones presidenciales: requieren leyes, presupuestos, acuerdos institucionales y la capacidad de mantener las políticas más allá del ciclo electoral.
La victoria ofrece al presidente una nueva oportunidad, pero no elimina las dificultades que acompañan a su proyecto.
El tercer gobierno de Lula deja resultados importantes. La pobreza descendió de manera significativa, el mercado laboral alcanzó indicadores favorables y Brasil se mantuvo fuera del Mapa del Hambre de Naciones Unidas. La reducción de la deforestación en la Amazonía y el Cerrado llegó a mínimos históricos de sus respectivas series. El Estado recuperó estructuras de participación y coordinación en materia de igualdad racial y derechos LGBTQIA+.
Sin embargo, los mismos datos que permiten reconocer esos avances revelan los límites del proceso. La desigualdad de ingresos repuntó en 2025 después de bajar en 2024; la informalidad laboral continúa afectando a una proporción elevada de trabajadores; la deforestación sigue destruyendo miles de kilómetros cuadrados de bosque cada año, y la persecución y el asesinato de personas trans no han desaparecido. La expansión de la exploración petrolera, además, plantea interrogantes sobre la coherencia de la política climática.
No todos estos problemas nacieron con Lula. Muchos son anteriores a su regreso al poder y reflejan desigualdades históricas, debilidades institucionales y conflictos políticos que ninguna administración puede resolver con una sola reforma. Pero esa continuidad histórica tampoco exime al Gobierno de responder por los resultados que prometió alcanzar.
La elección del 25 de octubre de 2026 confirma que una mayoría de los votantes eligió darle a Lula otra oportunidad. No demuestra que el país haya dejado atrás sus divisiones ni que exista un consenso amplio sobre la dirección de su gobierno. El margen relativamente estrecho frente a Flávio Bolsonaro recuerda que la sociedad brasileña continúa enfrentada sobre cuestiones fundamentales.
La prueba del nuevo mandato comenzará cuando los anuncios de campaña tengan que convertirse en decisiones difíciles. Para reducir la desigualdad, el Gobierno tendrá que demostrar que los avances en pobreza se acompañan de mejores empleos y oportunidades distribuidas con mayor justicia. Para proteger el clima, tendrá que mantener la reducción de la deforestación y resolver la contradicción entre las metas ambientales y la apuesta petrolera. Para garantizar los derechos de las personas LGBT+, tendrá que traducir el reconocimiento institucional en seguridad y acceso efectivo a servicios.
En su discurso de victoria, Lula prometió gobernar para los 215 millones de brasileños, no sólo para quienes lo respaldaron. La frase define el alcance de la responsabilidad que acaba de asumir.
Brasil ya conoce el valor de las políticas sociales que reducen el hambre y de las instituciones que protegen los bosques. La pregunta que queda pendiente es si puede convertir esos avances en una estructura duradera de derechos, igualdad y desarrollo sostenible.
La reelección abre esa posibilidad. El siguiente mandato tendrá que demostrar que no se trata únicamente de una nueva oportunidad política, sino de un cambio que pueda resistir las divisiones del país y sobrevivir al propio Lula.
Cronología del balance
2023 — Regreso al poder. Lula recupera Bolsa Família, restablece mecanismos de participación social y crea el Ministerio de Igualdad Racial. Se reactiva la estrategia federal contra la deforestación y se restablece el Consejo Nacional de los Derechos de las Personas LGBTQIA+.
2024 — Recuperación de indicadores sociales y nuevos compromisos climáticos. La pobreza y la desigualdad descienden respecto de años anteriores. Brasil presenta una nueva meta climática para 2035, con una reducción prevista de entre el 59 y el 67 por ciento de las emisiones netas respecto de 2005.
2025 — Nuevos instrumentos de inclusión. La proporción de personas en situación de pobreza llega a su nivel más bajo de la serie en 2024, según el IBGE. Brasil permanece fuera del Mapa del Hambre y formaliza una política nacional de derechos LGBTQIA+.
2026 — El balance se convierte en asunto electoral. El desempleo mantiene niveles históricamente bajos y la deforestación alcanza mínimos en la Amazonía y el Cerrado. El aumento de la desigualdad de ingresos registrado en 2025 y la persistencia de la violencia contra personas trans muestran que los avances siguen siendo incompletos.
25 de octubre de 2026 — Reelección. Lula supera a Flávio Bolsonaro en la segunda vuelta después de haber quedado detrás en la primera. El mandatario inicia el camino hacia un cuarto mandato no consecutivo, que comenzará en enero de 2027.
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