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Si nada lo impide, en la madrugada del domingo 29 de noviembre más de 31 autobuses rentados saldrán de territorio zapatista, en las montañas del sureste de Chiapas, con destino a la capital del país.
A bordo irán, según la cifra más reciente del propio Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), 1,530 personas; el 3 de octubre el subcomandante Moisés había hablado de 1,509 inscritos, más los que se suban de última hora. Su estancia durará todo diciembre y concluirá formalmente el 10 de enero de 2027.
No van a pedir nada. Van, dicen, a escuchar. El motivo central de la travesía es un encuentro-abrazo con las familias que buscan a sus desaparecidos: madres, padres, hermanas y hermanos que, ante la ausencia de resultados de las fiscalías, han tomado palas, varillas y mapas para rastrear ellos mismos los terrenos donde podrían estar sus seres queridos.
Los zapatistas aseguran que quieren oír, grupo por grupo, familia por familia», la historia de cada ausencia y guardarla en sus morraleras, las bolsas tejidas que cargan al hombro, para llevarla de regreso a sus comunidades.
El anuncio llega con una carga política inusual. El lunes 2 de noviembre, el EZLN publicó un comunicado de título desafiante, «Vamos a ir. Quiéranlo o no, vamos a ir», en el que acusa a los tres niveles de gobierno de realizar una serie de provocaciones destinadas a obligarlos a cancelar el viaje.
La respuesta de los zapatistas fue una mezcla de firmeza y cautela: advirtieron que cualquier provocación será respondida con fuerza y movilización, pero precisaron que no pretenden hacer ruido, aunque podrían hacerlo.
En las fuentes consultadas por esta redacción no se halló, al cierre de esta edición, una respuesta oficial puntual a esas acusaciones.
La visita a la capital es la pieza central de una gira más amplia. El comunicado del 2 de noviembre menciona también visitas por concretarse a Oaxaca, Veracruz, Puebla, Jalisco y Querétaro, estados donde, según el movimiento, hay colectivos de búsqueda con quienes desean reunirse.
La agenda zapatista incluye, además, encuentros con colectivos, organizaciones, pueblos y barrios adherentes a la Sexta Declaración de la Selva Lacandona, con los que el EZLN busca acordar actividades y explorar una nueva etapa de la llamada Gira por la Vida.
Los zapatistas harán base en la Casa de los Pueblos y Comunidades Indígenas Samir Flores Soberanes, el espacio que ocupa la comunidad otomí residente en la capital y que lleva el nombre del activista nahua asesinado en 2019 por oponerse a un proyecto energético en Morelos. Fue la propia comunidad otomí quien los invitó a hospedarse allí, y el subcomandante Moisés aceptó la invitación en julio.
El calendario tiene además un simbolismo deliberado. El 1 de enero de 2027, el EZLN celebrará el 33 aniversario de su levantamiento, por primera vez en la capital del país. Según el propio movimiento, la ciudad fue elegida como sede central para ahorrar a las familias buscadoras el gasto y el desgaste de viajar hasta territorio zapatista.
Antes de la caravana, el 18 de noviembre, el Teatro Metropólitan de la capital será sede del «Concierto por un abrazo», un evento a favor de las madres buscadoras en el que, según reportes de prensa, participan integrantes del EZLN y la banda Caifanes.
Uno de los lugares donde los zapatistas han dicho que acudirán es la zona del Ajusco, en la alcaldía Tlalpan, al sur de la ciudad. No es un destino casual. De acuerdo con organizaciones y reportes periodísticos recogidos por la agencia EFE, más de cien personas han desaparecido entre enero de 2019 y marzo de 2026 en esa zona, donde colectivos de madres buscadoras han realizado decenas de jornadas de búsqueda.
El paraje ha entrado en la conversación pública con una expresión que los propios familiares utilizan. En una reunión celebrada en el CIDECI-Unitierra, en San Cristóbal de Las Casas, ante el subcomandante Moisés, el capitán Marcos y alrededor de cien zapatistas con pasamontañas y paliacate rojo, familias de Chiapas, Sonora y la Ciudad de México describieron cómo cargan solas con una búsqueda que, dijeron, fiscalías y comisiones no hacen. Allí invitaron al EZLN a conocer el Ajusco, un lugar al que, relataron, han llegado a llamar «cementerio clandestino».
Ese encuentro, en el que los zapatistas se limitaron a escuchar, funciona como ensayo de lo que pretenden repetir, a mayor escala, en diciembre.
El comunicado del 1 de noviembre, firmado por el subcomandante Moisés y por las instancias de gobierno autónomo de los 12 caracoles, detalla lo que el movimiento considera hostigamiento. Se trata de acusaciones del EZLN que, hasta donde consta en las fuentes consultadas, no han sido verificadas de manera independiente.
En el ejido La Culebra, en el municipio de Ocosingo, el EZLN sostiene que familias bases de apoyo son hostigadas, amenazadas y encarceladas. Afirma además que se prohibió a los pobladores acudir a la tienda cooperativa zapatista y atenderse en la clínica de la comunidad, bajo amenaza de cárcel y multas. El movimiento responsabiliza a un grupo que, según su versión, actúa bajo las órdenes del secretario de Educación Pública, Mario Delgado, quien es mencionado de manera directa en el comunicado. No se encontró, en las fuentes revisadas, una réplica del funcionario; cualquier publicación que reproduzca el señalamiento debe solicitarla.
En un segundo frente, el EZLN denuncia que, en el trazo de la autopista San Cristóbal–Palenque, un proyecto federal, elementos de la Guardia Nacional, policías estatales y municipales, junto con un particular, habrían destruido propiedad comunal en tierras recuperadas hace más de 32 años, retirado letreros de la Junta de Buen Gobierno, robado ganado y arrasado milpas y bosque. Según el comunicado, las denuncias fueron presentadas varias veces ante el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba) y trasladadas a las autoridades, sin respuesta.
El texto cierra con una sentencia que resume la postura del movimiento: la forma más sencilla de evitar el viaje, dice, es satisfacer la demanda de verdad y justicia de las familias buscadoras, de modo que sean ellas quienes digan que ya no hace falta que vengan.
Para entender por qué un grupo de indígenas con pasamontañas puede movilizar la atención nacional con un solo comunicado, hay que volver a la madrugada del 1 de enero de 1994, el día en que entró en vigor el Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Ese día el EZLN, organización que se había gestado durante una década en la Selva Lacandona con comunidades tzeltales, tzotziles, tojolabales y choles, tomó varias cabeceras municipales de Chiapas, entre ellas San Cristóbal de Las Casas, Las Margaritas, Altamirano y Ocosingo. Su primera declaración fue una declaración de guerra contra el Estado; sus reclamos, tierra, trabajo, salud, educación, justicia, democracia y paz.
Los combates duraron unos doce días. La presión social obligó a un cese al fuego y a la apertura de un diálogo. Con el tiempo, el movimiento se alejó de la vía militar sin abandonar nunca el nombre de Ejército: el fusil se volvió, sobre todo, un símbolo de defensa, mientras la palabra se convertía en su principal herramienta.
El diálogo con el gobierno produjo en febrero de 1996 los Acuerdos de San Andrés sobre derechos y cultura indígenas. Los zapatistas sostienen que no se cumplieron. Esa ruptura marcó el camino posterior: en 2001, la reforma constitucional en materia indígena aprobada por el Congreso fue considerada insuficiente por el EZLN y por buena parte del movimiento indígena, y el movimiento optó por construir su autonomía de hecho, sin esperar reconocimiento oficial.
En 2003 nacieron los Caracoles y las Juntas de Buen Gobierno, y con ellos una forma de autogobierno civil con escuelas, clínicas y proyectos productivos propios, sostenidos sin recursos del Estado. Ese modelo, que ha sido estudiado por académicos de todo el mundo, convirtió al zapatismo en un laboratorio político: no tomó el poder, sino que organizó comunidades para ejercerlo localmente.
La figura pública del zapatismo ha sido, por décadas, objeto de equívocos. Subcomandante Marcos fue el portavoz que, con pipa, pasamontañas y una escritura que mezclaba humor, poesía y crítica política, convirtió a un movimiento regional en un fenómeno internacional. Pero el propio movimiento ha insistido en que Marcos nunca fue su máxima autoridad: el mando recae en indígenas, a través del Comité Clandestino Revolucionario Indígena.
En mayo de 2014, tras el asesinato del maestro zapatista José Luis Solís López, conocido como Galeano, en la comunidad de La Realidad, Marcos anunció que «dejaba de existir». El personaje, explicó, había sido una construcción necesaria para su momento. La vocería pasó al comandante, y luego subcomandante, Moisés, de origen tzeltal. En 2023, en medio de una reorganización más amplia, el propio Marcos reapareció con el grado de capitán insurgente, un rango por debajo del de subcomandante.
Por eso, la expresión «el comandante Marcos» no corresponde a la jerarquía actual. Hoy el EZLN lo presenta como capitán. Quien firma los comunicados es el subcomandante Moisés; el capitán Marcos aparece junto a él en reuniones y actos, y es autor de textos. En abril de 2026, de acuerdo con Proceso, afirmó que las víctimas de desaparición no son números, sino personas con nombre y familia. En la reunión del CIDECI estuvo, junto a Moisés, al frente de la delegación.
En noviembre de 2023, el EZLN anunció la disolución de los Municipios Autónomos Rebeldes Zapatistas (MAREZ) y de las Juntas de Buen Gobierno, estructuras que existían desde hacía dos décadas. La razón que dio el movimiento es política y casi pedagógica: la «pirámide» había terminado por separar a las autoridades de los pueblos.
En su lugar, el comunicado de la «Novena parte» describe una estructura con tres niveles. En la base está el Gobierno Autónomo Local (GAL), uno por cada comunidad donde viven bases de apoyo zapatistas, coordinado por agentes y comisariados autónomos, sujeto a la asamblea del pueblo. Varios GAL pueden convocar a un Colectivo de Gobiernos Autónomos Zapatistas (CGAZ), y estos, a su vez, forman las Asambleas de Colectivos (ACGAZ), que reemplazan a las antiguas zonas y no tienen autoridad propia. Dicho de otra forma: si antes había decenas de municipios autónomos, ahora hay miles de gobiernos locales.
El EZLN sostuvo, además, que su estructura militar se reorganizó para aumentar la defensa de los pueblos frente a agresiones. Esto ocurrió en un contexto de mayor violencia en Chiapas, con disputas de grupos criminales por el control de la frontera con Guatemala, algo que el propio movimiento ha denunciado. En su comunicado, el EZLN responsabilizó a las autoridades estatales de la inacción ante la inseguridad de la región.
La historia del zapatismo es también la historia de las agresiones que ha sufrido. En febrero de 1995, a poco más de un año del levantamiento, el gobierno federal lanzó una ofensiva militar contra las posiciones zapatistas, en medio de un proceso de diálogo. El 22 de diciembre de 1997, un grupo paramilitar asesinó a 45 personas, en su mayoría mujeres y niños, que oraban en la comunidad de Acteal, en Chenalhó; las víctimas pertenecían a la organización Las Abejas, sociedad civil simpatizante del zapatismo. En 2014, la comunidad de La Realidad fue escenario del asesinato de Galeano, tras un ataque de integrantes de una organización campesina rival.
En la última década, el movimiento ha denunciado desplazamiento forzado, hostigamiento por grupos armados y ataques a sus proyectos autónomos. Defensores de derechos humanos como el Frayba han documentado y acompañado varios de esos casos. Lo que el EZLN afirma ahora, con el ejido La Culebra y la autopista San Cristóbal–Palenque, se inscribe en esa trayectoria de conflictos por tierra y territorio.
Una de las características que distinguen al zapatismo es su insistencia en no limitarse a su propia causa. En 2001, la Marcha del Color de la Tierra llevó a una delegación zapatista a la capital y al Congreso de la Unión, donde por primera vez una comandanta indígena habló desde la tribuna. En 2005 lanzó la Sexta Declaración de la Selva Lacandona, que convocó a colectivos, organizaciones y personas de izquierda desde abajo a articularse, y en 2006 la Otra Campaña recorrió el país, coincidiendo con la represión de Atenco.
En 2016 y 2017, el EZLN y el Congreso Nacional Indígena promovieron la candidatura independiente de María de Jesús Patricio, «Marichuy», una vocera indígena nahua, a la Presidencia. No logró el registro, pero abrió una discusión nacional sobre representación indígena. El movimiento ha acompañado la defensa del territorio frente a proyectos extractivos y de infraestructura, así como las demandas de víctimas de violencia de Estado; el nombre de la sede en la que se hospedarán, la Casa de los Pueblos Samir Flores, remite precisamente a esa tradición.
En 2021, el movimiento organizó la Travesía por la Vida, una delegación que cruzó el Atlántico hacia Europa para encontrarse con colectivos y organizaciones de ese continente. Y en el marco de la Declaración por la Vida, de enero de 2021, convocó a una red mundial de resistencias.
La nueva etapa de 2026 refuerza esa vocación. En julio, durante un semillero de reflexión en San Cristóbal de Las Casas, Moisés explicó que el mundo y México necesitan reconocer que hay resistencias que no responden a las lógicas de liberales y conservadores, ni de izquierdas y derechas. El movimiento afirma que busca encontrarse con colectivos, organizaciones, barrios y pueblos originarios de todo el país.
El viaje a la capital se inscribe en una crisis humanitaria que ha desbordado a las instituciones mexicanas: decenas de miles de personas desaparecidas y un movimiento de familias que se han convertido en investigadoras de sus propios casos, con un costo personal considerable. Varias buscadoras han sido amenazadas, y algunas han sido asesinadas, mientras realizaban esa labor.
Para los zapatistas, el vínculo con esas familias es personal y político. En julio, Moisés dijo que sentían la necesidad de expresar en persona su admiración, cariño y respeto a las y los buscadores. Y el EZLN lleva años acompañando a víctimas de violencia, un camino que, en el lenguaje del movimiento, se funda en la idea de que la memoria evita que el olvido y la indiferencia terminen el trabajo de la violencia.
Para las familias, el gesto tiene otro peso: es el reconocimiento de que su dolor, tantas veces relegado a trámites burocráticos, es escuchado por una organización con enorme autoridad moral entre vastos sectores sociales. Esto no sustituye la responsabilidad del Estado, pero la expone.
La caravana plantea al gobierno un dilema político. Impedirla, o incluso estorbarla, tendría un costo: reforzaría el relato zapatista de un Estado que hostiga a quienes escuchan a las víctimas y contradice el discurso oficial de paz y bienestar. Permitirla, en cambio, pone bajo reflectores el tema de los desaparecidos, en particular el de zonas como el Ajusco, justo cuando el país discute sus resultados en seguridad y búsqueda.
Para el zapatismo, el riesgo es de otro tipo. Un grupo numeroso y visible, en una ciudad de más de nueve millones de habitantes, con una agenda de varias semanas, enfrentará las tensiones de la política capitalina y del propio activismo. El EZLN insiste en que no busca fundar coordinadoras ni redes nuevas, sino escuchar, y que las reuniones con las buscadoras tienen prioridad absoluta sobre cualquier otra actividad, en el día y la hora que ellas decidan.
Lo que sí está claro es que el EZLN, treinta y tres años después, sigue siendo capaz de cambiar la conversación pública. Esta vez, no con un grito, sino con un abrazo anunciado a las puertas de la capital.
Correcciones y aclaraciones
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Se realizó una corrección de la portada, ya que decía "EZNL" y fue corregido por "EZLN".
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