La cumbre climática más importante del año se inaugura este lunes en un centro de exposiciones a orillas del Mediterráneo, bajo una presidencia doble e inédita y con una consigna que suena a la vez a promesa y a reproche: esta será, dice la presidencia turca, la “COP de la implementación”.
Llega, sin embargo, con el termómetro en contra. El viernes, el Servicio de Cambio Climático de Copernicus, de la Unión Europea, confirmó que 2026 superará con más de 99 por ciento de probabilidad los 1.5 grados centígrados por encima de la era preindustrial, en un rango de entre 1.56 y 1.61 grados. Será el segundo año en rebasar ese umbral, después de 2024, el año más cálido jamás registrado. Octubre de 2026 fue el octubre más cálido del que hay registro, con una media de 15.35 grados, 1.75 grados por encima del nivel preindustrial.
El dato tiene un matiz que la cumbre no podrá ignorar: el objetivo de 1.5 grados del Acuerdo de París se refiere a un promedio de largo plazo, no a un año aislado, y cruzar el umbral en un año no significa que la meta esté definitivamente incumplida. Pero el promedio del trienio 2023–2025 ya superó ese umbral por primera vez en la historia, y Copernicus calcula un 80 por ciento de probabilidad de que 2026 termine como el segundo año más cálido de la historia, con un 20 por ciento de opciones de igualar o superar a 2024. La propia presidencia de la COP31 lo sabe: su lema es diálogo, consenso y acción, y la pregunta que atraviesa Antalya es si esta vez la acción llegará.
La Conferencia de las Partes —la COP31 de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático— se celebrará del 9 al 20 de noviembre en el Antalya Expo Center. Es la primera COP organizada por Türkiye, con un modelo de doble presidencia sin precedentes: Murat Kurum, ministro de Medio Ambiente, Urbanización y Cambio Climático turco, preside la cumbre y es responsable de la Agenda de Acción, mientras que Chris Bowen, ministro de Cambio Climático y Energía de Australia, preside las negociaciones formales, en coordinación con los países insulares del Pacífico. La Cumbre de Líderes Mundiales, con jefes de Estado y de Gobierno, será el 11 y 12 de noviembre: el primer día estará dedicado al “Residuo Cero” y el segundo a las “Ciudades Resilientes y el Entorno Construido”. Delegaciones de unos 200 países negociarán en la Zona Azul; la Zona Verde, gestionada por el anfitrión, estará abierta al público.
Lo que está en juego no es un documento más, sino si el sistema multilateral es capaz de convertir una década de promesas en obras. Y en el centro de esa pregunta hay un número que resume la cumbre entera: el dinero.
El umbral que ya se cruzó
El Informe sobre la Brecha de Emisiones 2026 del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), publicado el 21 de octubre, lo dice sin rodeos: superar temporalmente los 1.5 grados es ya inevitable, al menos por un tiempo. El escenario de menor sobrepaso alcanzaría un máximo de entre 1.7 y 1.8 grados a mitad de siglo y podría volver por debajo de 1.5 grados hacia 2100 con alrededor de 50 por ciento de probabilidad, pero solo con recortes rápidos y sostenidos y retirando o almacenando unas 320 gigatoneladas de dióxido de carbono a lo largo de este siglo.
Las cifras que el informe pone sobre la mesa son las que Antalya tendrá que mirar de frente. Frente a los niveles de 2025, las emisiones mundiales deben caer 18 por ciento para 2030, 45 por ciento para 2035 y 69 por ciento para 2040. Con las políticas actuales, el calentamiento podría llegar a unos 2.8 grados este siglo; con la plena implementación de los compromisos nacionales presentados hasta ahora, a unos 2.6 grados. Las proyecciones empeoraron frente al año anterior, en parte por la retirada de Estados Unidos del Acuerdo de París y por la revisión de las emisiones históricas.
El secretario general de la ONU, António Guterres, acompañó el informe con una frase que la presidencia turca ha hecho suya en espíritu: “El exceso no es rendición. Todavía podemos mantenerlo lo más pequeño y lo más breve posible, y llevar las temperaturas por debajo de 1,5 grados hacia fines de siglo”. La directora ejecutiva del PNUMA, Inger Andersen, lo puso en términos de lo que ya se vive: “Cada fracción de grado y cada año adicional de calentamiento por encima de los 1,5ºC aumentan los riesgos climáticos, como las inundaciones mortales, olas de calor e incendios forestales que ya han azotado a muchas naciones este año”.
El inventario más reciente de los compromisos nacionales, la síntesis de las contribuciones determinadas a nivel nacional (NDC) publicada por la Convención el 27 de octubre, tampoco deja lugar a la complacencia: se registraron 127 nuevas NDC, correspondientes a 154 Partes del Acuerdo de París, pero con los planes actuales las emisiones aún no han alcanzado su punto máximo —solo lo harían antes de 2030 si también se cumplen los compromisos condicionales, los que dependen de financiación— y en 2035 las emisiones serían apenas entre 6 y 9 por ciento inferiores a las de 2019. Las políticas comprometidas no sitúan al planeta en una trayectoria compatible con 1.5 grados.
La brecha del dinero
Si hay un tema que define a la COP31, es la financiación. Y el número que la define es el del Informe sobre la Brecha de Adaptación 2026 del PNUMA, publicado el 4 de noviembre bajo el título “Ready? Not” (“¿Listos? No”): los países en desarrollo necesitarán unos 305,000 millones de dólares anuales para 2035 para adaptarse a un clima cada vez más hostil. Ajustada por inflación, la necesidad en 2035 será de 420,000 millones de dólares.
Frente a eso, los flujos internacionales de financiación pública para adaptación de los países desarrollados a los países en desarrollo alcanzaron apenas entre 28,200 y 31,700 millones de dólares en 2024: una décima parte de lo necesario y apenas 1,000 millones más que en 2023. La distancia es tan grande que ni siquiera cumplir la promesa la cierra: en la COP30 de Belém, los países acordaron esforzarse por al menos triplicar los flujos hacia 2035, lo que movilizaría entre 85,000 y 120,000 millones de dólares anuales. Aun así, según el PNUMA, solo se cubriría entre el 20 y el 29 por ciento de las necesidades.
La estimación, además, es conservadora: excluye en gran medida las necesidades del sector privado, que podrían casi duplicarla. Y la forma en que llega el dinero también importa: en 2024, el 55 por ciento de la financiación para adaptación llegó como préstamos y solo el 44 por ciento como subvenciones. La cooperación Sur-Sur, en cambio, crece: sus flujos pasaron de 3,800 millones de dólares en 2019 a 9,600 millones en 2024.
La meta general de financiación climática, la nueva meta cuantificada colectiva acordada en Bakú en 2024, es movilizar al menos 300,000 millones de dólares anuales para los países en desarrollo hacia 2035, con la aspiración más amplia de 1.3 billones de dólares anuales hacia 2035, en la llamada Hoja de Ruta de Bakú a Belém. En Antalya se presentarán avances en su implementación y en su sistema de seguimiento. El Fondo para Responder a las Pérdidas y los Daños, creado para atender los impactos que ya no se pueden evitar ni adaptar, muestra la misma desproporción: hasta junio de 2026 había recibido solicitudes por 2,800 millones de dólares frente a 250 millones reservados para su primera convocatoria.
Hay un contraste que la cumbre no podrá esconder. Mientras la financiación para adaptación se estanca, la transición energética avanza a una velocidad que hace apenas una década parecía imposible. El mundo añadió unos 800 gigavatios de capacidad renovable en 2025, un 16 por ciento más que el año anterior, según la Agencia Internacional de la Energía, y la solar acaparó más de tres cuartas partes de lo añadido. El despliegue desde 2019 de la energía solar, eólica y nuclear, los autos eléctricos y las bombas de calor evitó la emisión de unas 3,000 millones de toneladas de dióxido de carbono en 2025. En América Latina y el Caribe, el 65 por ciento de la generación eléctrica de 2025 procedió de fuentes limpias, frente al 43 por ciento mundial, según el centro de análisis Ember. La inversión mundial en energía alcanzará los 3.4 billones de dólares en 2026, de los cuales 2.2 billones irán a renovables, nuclear, redes y almacenamiento.
La pregunta de Antalya, entonces, no es si la transición es posible. Es quién la paga, a qué velocidad llega a los países que menos contaminaron y qué pasa con los que ya están pagando el costo del calentamiento.
La herencia de Belém
La COP31 hereda una cumbre que dejó más pendientes que cierres. De los 121 puntos de la agenda de la COP30 de Belém, en noviembre de 2025, 52 se acordaron plenamente, 41 de forma provisional y 28 quedaron totalmente sin resolver, incluidos los compromisos de eliminación de combustibles fósiles, la arquitectura de ampliación de la financiación climática, los indicadores del Objetivo Global de Adaptación y los procedimientos del Fondo de Pérdidas y Daños.
El texto final de Belém, el llamado “texto Mutirão” de la presidencia brasileña, eliminó todas las referencias explícitas a la eliminación gradual de los combustibles fósiles o a una hoja de ruta para lograrla, pese a que más de 80 países respaldaron una hoja de ruta para una transición justa, ordenada y equitativa. Colombia y Panamá objetaron en el pleno final, y el presidente Gustavo Petro se opuso al acuerdo. La presidencia brasileña elaboró después una hoja de ruta voluntaria. Si esa propuesta tendrá espacio formal en las negociaciones de Antalya aún no está definido, y los analistas consultados no esperan avances en los textos formales sobre combustibles fósiles: un acuerdo vinculante sobre una hoja de ruta se considera improbable. Se crearon dos programas de trabajo de dos años para avanzar en las hojas de ruta de combustibles fósiles y deforestación, y Colombia acogerá en abril de 2026 una conferencia internacional sobre combustibles fósiles que empuja el tema.
Tampoco se resolvió en Belém la metodología de los 59 indicadores de adaptación aprobados allí, que abarcan agua, agricultura, salud, ecosistemas, infraestructura y medios de vida. Las negociaciones de medio año en Bonn, en junio de 2026, no lograron resolverlo, y Antalya debe retomar la discusión. El Mecanismo de Acción de Belém para la transición justa, el único punto que Belém cerró de verdad, quedó acordado en principio; falta definir su alcance, sus funciones y su gobernanza.
En bosques, Belém fue presentada como la “COP de los bosques”, pero no logró una hoja de ruta vinculante para detener y revertir la deforestación hacia 2030, pese al apoyo de unos 90 países. El Fondo Bosques Tropicales para Siempre (TFFF) se lanzó con compromisos anunciados por aproximadamente 7,800 millones de dólares —Brasil, Colombia, Noruega y otros—, con al menos el 20 por ciento para pueblos indígenas, y busca alcanzar 10,000 millones de dólares de capital inicial. Su capitalización y su gobernanza serán temas a seguir en Antalya. Más de 50,000 personas marcharon en Belém durante la cumbre, y Greenpeace y WWF evaluaron que los resultados no reflejaron la urgencia.
Entre lo que Antalya sí debe mover están la metodología de esos 59 indicadores, la definición del mecanismo de transición justa, los aspectos técnicos y operativos pendientes de los mercados de carbono del Artículo 6 —cuyas reglas generales ya se acordaron en Bakú— y el inicio del segundo Balance Mundial, que concluirá en 2028 y cuyos resultados deberán orientar la siguiente ronda de compromisos nacionales. Varios países quieren que el próximo informe del IPCC llegue a tiempo para alimentarlo; el calendario del IPCC está trabado por el bloqueo de Rusia y Arabia Saudita, según The Economist. La presidencia turca impulsa además una iniciativa, el Climate Implementation Bridge (BRIDGE), desarrollada con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo para convertir los compromisos nacionales en carteras de proyectos financiables. La propia presidencia aclara que expresamente no es un nuevo fondo climático.
México: la paradoja
México llega a Antalya con una paradoja que la cumbre pondrá bajo el microscopio: un paquete de compromisos más ambicioso que nunca y una matriz eléctrica que sigue siendo, en su inmensa mayoría, fósil.
La secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Alicia Bárcena, anunció el 6 de octubre, en la inauguración de la Semana de Acción por el Clima y la Naturaleza 2026 en el Papalote Museo del Niño, que México presentará en la COP31 su Plan Nacional de Adaptación, un instrumento inédito, y ADAPTAMX, una plataforma con las 32 entidades federativas para mapear la vulnerabilidad regional ante lluvias intensas y sequías, acompañada de una Plataforma Nacional de Riesgos. También anunció trabajos de recuperación de manglares en Tabasco, Veracruz, Quintana Roo y Yucatán, frente a la erosión costera que afecta a los 17 estados litorales, y ratificó la meta de cero emisiones netas en 2050 y que las renovables representen el 38 por ciento de la generación eléctrica en 2030. México tendrá además su propio pabellón en la COP31, el primero en una década —“chiquito”, en palabras de Bárcena—. En ese mismo acto, la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, dijo: “no puede haber justicia climática sin justicia social”.
La base de esa presentación es la NDC 3.0, presentada por Bárcena en la COP30 de Belém. Por primera vez, México fijó metas absolutas, no relativas: para 2035, entre 364 y 404 millones de toneladas de dióxido de carbono equivalente netas de forma incondicional, y entre 332 y 363 millones con financiación, tecnología y capacidad internacionales. Las emisiones actuales rondan las 583 millones de toneladas. La reducción incondicional es de entre 31 y 37 por ciento; la condicional, de entre 38 y 43 por ciento. La electricidad limpia llegaría a 38.5 por ciento en 2030 y a 43.3 por ciento en 2035, y el metano se reduciría 30 por ciento para 2030. El paquete, sin embargo, fue calificado de “altamente insuficiente” por Climate Action Tracker en febrero de 2026: la meta mejoró, pero las políticas actuales no la alcanzan.
El diagnóstico incómodo está en la matriz eléctrica. En 2025, alrededor de tres cuartas partes de la electricidad de México provinieron de combustibles fósiles —gas, carbón y petróleo—, mientras que las renovables no hidroeléctricas, solar y eólica, apenas sumaron 13 por ciento. Las fuentes bajas en carbono rondaron una cuarta parte del total. El contraste con la región es marcado: América Latina y el Caribe generaron el 65 por ciento de su electricidad con fuentes limpias en 2025.
El Plan de Fortalecimiento y Expansión del Sistema Eléctrico Nacional 2025–2030 busca cerrar esa brecha: añade 22,000 megavatios renovables —22,376 megavatios, el 70 por ciento de 32,475 megavatios de nueva capacidad— para alcanzar entre 37.8 y 38 por ciento de energía limpia en 2030, con la participación fósil en la generación cayendo del 79 al 62 por ciento. La inversión prevista es de 12,300 millones de dólares en generación, 7,500 millones en transmisión y 3,600 millones en fotovoltaica distribuida. La Comisión Federal de Electricidad y la Secretaría de Energía lanzaron dos convocatorias para proyectos renovables en esquema mixto, y la CFE adjudicó 37 parques solares a 31 empresas privadas en junio de 2026.
México lleva también dos cartas fuertes a Antalya. Una es el sargazo: el secretario de Ecología y Medio Ambiente de Quintana Roo, Óscar Rébora Aguilera, declaró el 4 de noviembre que el sargazo debe abordarse con una agenda internacional y propuso que México lo plantee en la COP31, buscando acuerdos multilaterales para combatirlo desde sus zonas de origen en África. El Partido Verde impulsa además un Polo de Desarrollo de Economía Circular para el Bienestar en Puerto Morelos, con unas 20 empresas interesadas y una capacidad estimada de entre 600 y 4,000 toneladas diarias de sargazo procesado. La otra es un éxito de regulación que pocos países pueden mostrar: México eliminó el 88 por ciento del consumo de hidroclorofluorocarbonos (HCFC) frente a su línea base nacional para diciembre de 2025, con el objetivo de eliminación total en 2030, como lo presentó la subsecretaria Ileana Villalobos en la 38ª Reunión de las Partes del Protocolo de Montreal, en Kigali, Ruanda.
La sociedad civil y la academia mexicanas también estarán presentes. El Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA) llevará una agenda de transición energética justa comunitaria, reparaciones climáticas, mitigación de metano, justicia climática y financiación local, con eventos en el Pabellón de México, entre ellos uno sobre transición energética justa el miércoles 11 de noviembre. El Tecnológico de Monterrey coordina el Pabellón de Educación Superior, con unas 35 universidades y redes de México, Estados Unidos, Canadá, Brasil, Reino Unido, España, Francia, Portugal, Suecia, Noruega, Italia, Alemania, Australia y Egipto; es su sexta COP consecutiva y la primera y única universidad mexicana acreditada como organización observadora de la Convención, desde 2024. Su evento será el sábado 14 de noviembre, de 9:30 a 11:00 horas, tiempo del centro de México. La Iniciativa Climática de México advierte, por su parte, que en Pemex prácticamente no se ha avanzado en la reducción de las emisiones fugitivas de metano del petróleo y el gas, y que a la presidenta Sheinbaum le tocará “meter en orden” a Pemex como hizo con la CFE en renovables.
El vacío estadounidense
La silla vacía más grande de Antalya será la de Estados Unidos. La administración Trump retiró al país del Acuerdo de París por segunda vez —la salida se hizo efectiva el 27 de enero de 2026— y en enero anunció su retirada de la propia Convención Marco, que se haría efectiva un año después de la notificación oficial, que aún no había sido recibida por Naciones Unidas. Estados Unidos se convertiría así en el único miembro de Naciones Unidas fuera del tratado climático fundamental. La retirada estadounidense es una de las razones por las que las proyecciones del Informe sobre la Brecha de Emisiones empeoraron frente al año anterior.
El vacío, sin embargo, no es total. Una delegación demócrata de 19 miembros, encabezada por el representante Sean Casten, de Illinois, asistirá a la COP31, anunciada días después de las victorias demócratas en las elecciones intermedias del 3 de noviembre. Líderes estatales y locales también viajarán a través de la coalición “America is All In”. La Unión Europea, por su parte, quiere que la COP31 avance en la transición y demuestre que el multilateralismo funciona, pero no asumirá nuevos compromisos de financiación: considera que otros grandes emisores, Estados Unidos y China, no están suficientemente comprometidos, y la meta de 300,000 millones de dólares anuales hacia 2035 sigue siendo la referencia.
El anfitrión tampoco llega sin contradicciones. La contribución nacional de Türkiye permite que sus emisiones suban de 552 millones de toneladas de dióxido de carbono equivalente en 2023 a 695 millones en 2030 y 643 millones en 2035, aunque su Ley de Clima de 2025 crea un mercado de emisiones inspirado en el europeo, en fase piloto este año. El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, asistirá a la Cumbre de Líderes del 11 y 12 de noviembre, dará dos discursos y presentará los avances de Brasil en recortes de emisiones, deforestación y transición energética. El gobierno de Argentina, de Javier Milei, estudia abandonar el Acuerdo de París y retiró a su delegación de la COP29 de Bakú, en 2024, aunque Buenos Aires sigue en el acuerdo.
Qué mirar en la segunda semana
La primera semana de Antalya será de negociación técnica; la segunda, de definiciones políticas. La Cumbre de Líderes del 11 y 12 de noviembre marcará el tono: si los jefes de Estado llegan con anuncios concretos o con declaraciones generales. Después, la atención estará en si se resuelve la metodología de los 59 indicadores de adaptación, en si el mecanismo de transición justa adquiere forma y gobernanza, y en si la iniciativa BRIDGE logra convertir compromisos en proyectos financiables sin convertirse en otro fondo vacío.
El sábado 14 de noviembre habrá un momento mexicano en Antalya: el evento del Pabellón de Educación Superior coordinado por el Tec de Monterrey, de 9:30 a 11:00 horas, tiempo del centro de México. Y el viernes 20, último día de la cumbre, llegará el texto final, con la pregunta que Belém dejó abierta: si Antalya logra nombrar lo que Belém no pudo nombrar —la salida de los combustibles fósiles— o si, una vez más, la transición queda para la próxima cumbre.
El Ambientalista Post seguirá la COP31 día a día con la cobertura remota del equipo y la información de las delegaciones, la sociedad civil y la academia mexicanas presentes en la cumbre.
Pendiente de verificación: No se ha confirmado si la presidenta Claudia Sheinbaum asistirá en persona a la COP31, ni quién encabeza la delegación oficial de México en Antalya, ni su composición y tamaño exactos. Tampoco está confirmado si la hoja de ruta de combustibles fósiles tendrá espacio formal en las negociaciones. La cifra anual de Copernicus para 2026 es una previsión, no una medición definitiva, y el objetivo de 1.5 °C del Acuerdo de París se refiere a un promedio de largo plazo.
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