La consejera del Instituto Nacional Electoral (INE), Carla Humphrey, respaldó la denuncia penal presentada por el organismo ante la Fiscalía General de la República (FGR) para investigar presuntos actos de corrupción, irregularidades y posibles conflictos de interés relacionados con el manejo de recursos públicos.
El posicionamiento de la funcionaria plantea que las autoridades competentes deben esclarecer los hechos y determinar, conforme a derecho, si existen responsabilidades penales y qué sanciones corresponderían. La investigación deberá realizarse con imparcialidad y respeto al debido proceso, independientemente de las personas o los cargos involucrados.
La denuncia fue anunciada por el INE el 6 de noviembre y está dirigida contra quien o quienes resulten responsables. Entre los procedimientos señalados figuran contratos relacionados con la elección judicial de 2025 y la producción de la credencial para votar.
Denuncias del órgano de control amplían los señalamientos sobre contratos del INE
La actuación institucional ocurrió después de que Víctor Hugo Carvente, titular del Órgano Interno de Control (OIC), informara a la Cámara de Diputados sobre seis denuncias penales contra funcionarios, exfuncionarios y empresas.
Entre las posibles conductas delictivas mencionadas se encuentran el uso ilícito de atribuciones y facultades, el uso de documentos falsos, el tráfico de influencias, el ejercicio ilícito del servicio público y el cohecho.
Carvente también informó que ocho personas servidoras y exservidoras públicas, además de una persona moral, fueron emplazadas para comparecer en procedimientos de responsabilidad administrativa por presuntas faltas graves.
Durante una comparecencia realizada el 30 de octubre, el funcionario señaló que cinco empresas presuntamente vinculadas entre sí recibieron contratos por 2 mil 461 millones de pesos de organismos públicos locales electorales entre 2014 y 2025. Según sus señalamientos, las compañías tendrían vínculos con los hermanos José Alfredo y Raymundo Hernández Casillas.
Entre las personas mencionadas en información difundida sobre las denuncias penales estarían Guadalupe Taddei Zavala y el contratista Alfredo Hernández Casillas. La determinación de posibles responsabilidades corresponde a las autoridades encargadas de las investigaciones.
Humphrey defiende la rendición de cuentas y la continuidad electoral
La consejera consideró que presentar la denuncia constituye una actuación institucional orientada a garantizar la legalidad y la transparencia en el ejercicio de los recursos públicos. También sostuvo que estos principios deben mantenerse sin distinción de personas, responsabilidades o periodos de gestión.
En paralelo, afirmó que el INE conserva la capacidad operativa necesaria para organizar las elecciones del 6 de junio de 2027, cuando se renovarán más de 20 mil cargos públicos federales y locales.
Humphrey aseguró que el organismo cuenta con una estructura institucional respaldada por más de tres décadas de experiencia electoral. En ese sentido, expresó que la ciudadanía puede tener certeza sobre la instalación de casillas y el cómputo de votos conforme a los procedimientos establecidos.
El respaldo a la investigación se mantiene así junto con la postura de continuidad institucional expresada por la consejera. Mientras el INE desarrolla sus funciones electorales, corresponderá a las autoridades competentes esclarecer los señalamientos y determinar las eventuales responsabilidades penales.
NotiPress/Patricia Manero
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