Estudios científicos recientes han confirmado lo que muchos ya temían: el agua que consumen a diario contiene altos niveles de bacterias fecales provenientes de las granjas de cerdos que rodean sus pueblos.
El hallazgo, documentado por investigadores de la Universidad Nacional Autónoma de México, detectó bacterias coliformes y E. coli en los sistemas de distribución de localidades como Chocholá, Kinchil, Maxcanú y Kopomá. Investigadores de la Universidad Johns Hopkins, en Estados Unidos, fueron más allá: aplicaron un marcador genético que permitió identificar el origen de la contaminación. El resultado fue inequívoco: las heces son de cerdo, no de humanos ni de fauna silvestre.
“Estamos hablando de riesgos directos para niñas, niños y personas mayores”, advirtió Lourdes Medina Carrillo, activista y abogada ambiental. Medina, junto con vecinos de las comunidades, denuncia que las granjas porcinas siguen operando a pesar de litigios y resoluciones judiciales que han ordenado su cierre.
En Yucatán, la industria porcícola ha crecido de manera acelerada en los últimos años. Un informe oficial de 2023 reconocía la existencia de más de 500 granjas en el estado, de las cuales menos de diez contaban con autorización de impacto ambiental. Sin embargo, muchas siguen funcionando sin regulación, y con efectos visibles: aguas contaminadas, olores fétidos y el temor constante de quienes viven a su alrededor.
En Santa María Chi, por ejemplo, la empresa Pecuaria Peninsular continúa sus operaciones a escasos metros de las viviendas, pese a que un juez federal ordenó su clausura en 2024. “La Profepa ya multó a la compañía con más de 14 millones de pesos, pero sigue trabajando como si nada”, relató Wilberth Nahuat Puc, representante vecinal.
La vida cotidiana se ha visto trastocada. Padres de familia compran garrafones de agua incluso para bañar a sus hijos, pues el contacto con el agua de la red les provoca ronchas en la piel. En las escuelas, alumnos y maestros conviven con un olor penetrante que se cuela hasta los salones de clase. En Maxcanú, apicultores locales perdieron en 2019 la certificación de miel orgánica debido a la proximidad de las granjas. “Esa pérdida nos ha costado casi un millón y medio de pesos”, dijo un miembro de la cooperativa, “pero lo que más duele es que se está rompiendo nuestra relación ancestral con las abejas y con la tierra”.
A pesar de denuncias presentadas desde 2020 y de múltiples diagnósticos oficiales que confirman la contaminación del manto freático, la respuesta institucional ha sido lenta y fragmentada. Los activistas sostienen que los pobladores ya no piden más estudios, sino la intervención directa de las autoridades ambientales federales para cerrar las granjas ilegales y sancionar penalmente a sus propietarios.
Mientras tanto, el agua sigue saliendo turbia de los pozos. Y en las comunidades mayas de Yucatán, la incertidumbre crece: ¿hasta cuándo podrán beber con seguridad de la tierra que por siglos les ha dado vida?
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