La magnitud de la trigésima primera Conferencia de las Partes (COP31) contrasta con la incertidumbre que atraviesa sus negociaciones. Más de 92.000 personas se registraron para participar presencialmente en el encuentro, una cifra que coloca provisionalmente a esta edición como la más concurrida en la historia de las cumbres climáticas de Naciones Unidas. Delegaciones gubernamentales, científicos, organizaciones ambientales, empresarios, periodistas y activistas de distintas partes del mundo han convertido los pabellones de Antalya en un espacio de intensa actividad diplomática y política.
Pero detrás de esa concentración sin precedentes, el proceso que debería traducir la preocupación climática en compromisos internacionales enfrenta dificultades para alcanzar acuerdos. A un día de la clausura prevista, el documento político central continúa en disputa y las diferencias entre países desarrollados y en desarrollo amenazan con reducir el alcance de los resultados.
En las negociaciones climáticas de Naciones Unidas, el consenso constituye una condición fundamental para adoptar decisiones. Esto significa que los acuerdos no dependen únicamente de las mayorías, sino de la capacidad de los gobiernos para encontrar una formulación que ninguna de las partes bloquee. Cada referencia, plazo y compromiso financiero puede convertirse en objeto de negociación. En consecuencia, incluso cuando existe coincidencia sobre la urgencia de actuar, las diferencias sobre quién debe asumir los costos y bajo qué condiciones pueden detener el avance de un documento.
En Antalya, las divisiones históricas entre el Norte y el Sur Global vuelven a ocupar el centro de la discusión. Uno de los desacuerdos más visibles gira alrededor de los combustibles fósiles. Mientras numerosos países y organizaciones reclaman compromisos más claros para abandonar progresivamente el carbón, el petróleo y el gas, las negociaciones han encontrado dificultades para incorporar ese lenguaje en el documento político.
La versión revisada del borrador difundida el 19 de noviembre retiró las referencias explícitas a los combustibles fósiles y a la hoja de ruta internacional para abandonar su uso. El cambio representa un retroceso respecto de una versión anterior que contemplaba referencias más directas a la transición energética. La discusión vuelve a evidenciar las dificultades de traducir los compromisos climáticos en decisiones que afecten directamente los modelos de producción y consumo de energía.
Sin embargo, la disputa no termina en la reducción de emisiones. La adaptación climática, es decir, las medidas destinadas a preparar a las sociedades para enfrentar los impactos que ya provoca el calentamiento global, se ha convertido en otro de los asuntos más delicados de esta conferencia.

Para los países en desarrollo, particularmente aquellos expuestos a fenómenos meteorológicos extremos, el desafío consiste en conseguir recursos suficientes para fortalecer sus sistemas de prevención, infraestructura, gestión del agua y protección de las comunidades. La discusión no es exclusivamente técnica: también involucra la responsabilidad financiera de las economías industrializadas y las condiciones bajo las cuales deben entregarse esos recursos.
José Villalobos, activista climático y por los derechos de la comunidad LGBTQ+, presente en las actividades de la COP31, advierte que las diferencias entre las naciones desarrolladas y aquellas en desarrollo amenazan con reproducir desacuerdos que ya han marcado otras negociaciones internacionales.
Villalobos compara el momento que atraviesa Antalya con las dificultades experimentadas durante las reuniones climáticas de Bonn. A su juicio, el reloj de las negociaciones avanza cada vez más rápido, pero todavía no está claro si los gobiernos conseguirán acercarse a un acuerdo o terminarán retrocediendo en compromisos que parecían encaminados.
Una de las discusiones que ilustra esa fractura es la creación de un grupo de expertos técnicos encargado de desarrollar los indicadores de adaptación acordados en la conferencia anterior. Aunque la propuesta busca establecer herramientas para medir los avances, las partes mantienen diferencias sobre la composición del grupo y los criterios para seleccionar a sus integrantes.
El desacuerdo tiene implicaciones que van más allá de la representación institucional. La discusión también determina qué conocimientos y perspectivas serán considerados al momento de evaluar los efectos del cambio climático y las respuestas de los gobiernos.
La preocupación de Villalobos se concentra, particularmente, en la manera en que el borrador incorpora las llamadas consideraciones transversales: los derechos humanos, la perspectiva de género, las juventudes, los pueblos indígenas y las comunidades locales.
Según su relato, una de las versiones del documento que llegó a representantes de la sociedad civil alrededor de las 15:00 horas de Antalya, durante el penúltimo día de negociaciones, presentaba un lenguaje debilitado en torno a estas garantías. El texto había circulado después de que las discusiones pasaran a consultas de alto nivel entre ministros, un momento en el que las decisiones dejaron de concentrarse exclusivamente en los aspectos técnicos para entrar de lleno en la negociación política.
Para Villalobos, la inclusión de especialistas en esas materias dentro del grupo técnico apenas resultaba perceptible. La compara con escribir con un bolígrafo que tiene muy poca tinta: las referencias están presentes, pero su formulación es tan débil que corre el riesgo de perder fuerza al momento de convertirse en medidas concretas.
La discusión adquiere especial relevancia porque la adaptación no afecta a todas las poblaciones de la misma manera. Los pueblos indígenas, las comunidades rurales, las mujeres y las juventudes enfrentan riesgos diferenciados y, en muchos territorios, cuentan con recursos limitados para responder a los impactos climáticos. Excluir sus perspectivas de los mecanismos de evaluación puede reducir la capacidad de las políticas públicas para atender las desigualdades que atraviesan la crisis.
El financiamiento constituye otra de las líneas de fractura. En una versión anterior del borrador se planteaba una hoja de ruta para triplicar los recursos destinados a la adaptación y alcanzar al menos 120.000 millones de dólares anuales para 2035. La propuesta buscaba establecer una referencia cuantificable para avanzar en el cumplimiento de los compromisos financieros.
Sin embargo, la versión revisada el 19 de noviembre retiró esa cifra y dejó pendiente la definición de una base de referencia y una ruta de implementación. Aunque se mantuvo la propuesta de triplicar el financiamiento, la ausencia de una cantidad concreta debilita la posibilidad de evaluar con precisión el cumplimiento del objetivo.
Villalobos considera que esta modificación refleja la distancia entre las necesidades de los países vulnerables y la disposición de las economías desarrolladas para asumir sus responsabilidades. También advierte que los 120.000 millones de dólares propuestos no representarían una respuesta suficiente frente a las necesidades reales de adaptación. La preocupación, sostiene, es que incluso ese compromiso limitado pierda fuerza durante las negociaciones.
La discusión sobre el financiamiento climático tiene además un componente histórico. Los países en desarrollo llevan años reclamando que las economías industrializadas, responsables de una proporción considerable de las emisiones acumuladas, contribuyan con recursos públicos suficientes, accesibles y previsibles. Para las naciones más vulnerables, los mecanismos de apoyo no deberían traducirse en nuevas obligaciones de deuda que terminen agravando sus condiciones económicas.
La dificultad para alcanzar acuerdos en las salas de negociación contrasta con la transformación que han experimentado las propias conferencias climáticas. Lo que comenzó como encuentros diplomáticos centrados en discusiones técnicas se ha convertido también en un espacio de intercambio empresarial, exhibiciones tecnológicas, iniciativas de gobiernos locales y movilización ciudadana.

En Antalya, esa dimensión paralela vuelve a ser particularmente visible. Los espacios de encuentro permiten que organizaciones, investigadores, empresas y movimientos sociales presenten propuestas y establezcan alianzas que no necesariamente dependen de los acuerdos oficiales. Sin embargo, la multiplicación de actividades también plantea una pregunta sobre la capacidad de esas iniciativas para influir en las decisiones que finalmente adoptan los gobiernos.
La trayectoria del proceso multilateral ofrece razones para no desestimar por completo esas negociaciones. Antes del Acuerdo de París de 2015, las proyecciones internacionales advertían sobre un calentamiento cercano a los cuatro grados Celsius respecto de los niveles preindustriales. Las políticas y compromisos adoptados posteriormente han contribuido a reducir las estimaciones, aunque la trayectoria actual continúa por encima del límite de 1,5 grados establecido como objetivo en el acuerdo.
Esa distancia entre los avances alcanzados y la magnitud de la emergencia explica parte de la tensión que atraviesa Antalya. Mientras las negociaciones discuten formulaciones, indicadores y compromisos financieros, los impactos climáticos continúan afectando territorios y poblaciones que necesitan respuestas inmediatas.
Las últimas horas de la COP31 se desarrollan así entre consultas ministeriales, diferencias sobre el financiamiento y la presión de las organizaciones que reclaman compromisos más ambiciosos. La presidencia de la conferencia enfrenta el desafío de acercar posiciones sin que el resultado termine reducido a un documento de declaraciones generales.
Para Villalobos, la pregunta ya no es únicamente si los gobiernos conseguirán alcanzar un consenso, sino qué clase de acuerdo estarán dispuestos a aceptar. Un texto puede recibir el respaldo necesario para ser aprobado y, aun así, dejar sin resolver las diferencias que dieron origen a la negociación.
Con más de 92.000 personas registradas y una agenda climática que abarca desde la transición energética hasta la protección de los derechos humanos, Antalya enfrenta una paradoja conocida: reunir al mundo alrededor de una emergencia no garantiza que sus gobiernos estén dispuestos a asumir las decisiones necesarias para enfrentarla.
El resultado de la COP31 dependerá, en buena medida, de lo que quede escrito en las últimas páginas de su documento final. Pero también de aquello que sus negociadores decidan dejar fuera.
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