Hay una contradicción profunda en el corazón del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2027 (PPEF 2027). Por un lado, el país es gobernado por Claudia Sheinbaum, una científica con décadas de experiencia en el Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático (IPCC).
Por otro, el documento fiscal que definirá el rumbo del país recorta un 27.57% los recursos climáticos y destina 678.7 mil millones de pesos a sostener a Petróleos Mexicanos (Pemex).
Esta disparidad no es un error de cálculo. Es el síntoma más reciente de una política de Estado que, a lo largo de cuatro administraciones, ha preferido desmantelar su incipiente institucionalidad ambiental antes que soltar el ancla de un modelo extractivista profundamente arraigado en la economía nacional.
Para entender la decisión de la actual administración, es necesario observar cómo el Estado mexicano ha concebido el medio ambiente en las últimas dos décadas: nunca como un pilar de seguridad nacional, sino como un gasto prescindible.
Durante el gobierno de Felipe Calderón (2006-2012), se construyó un andamiaje institucional —con leyes de vanguardia y comisiones fortalecidas— que operaba bajo una estricta lógica de mercado.
El presupuesto creció, pero se enfocó en mercantilizar la naturaleza mediante el pago por servicios ambientales.
Con Enrique Peña Nieto (2012-2018), el sector alcanzó su cúspide financiera en 2015, solo para sufrir recortes devastadores al año siguiente, justificados por la caída de los precios internacionales del petróleo.
La estocada estructural llegó con Andrés Manuel López Obrador (2018-2024). Bajo el dogma de la «austeridad republicana», se asfixió operativamente a dependencias vitales como la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp) y la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa).
Al mismo tiempo, el presupuesto «climático» (Anexo 16) fue inflado artificialmente, desviando los fondos hacia el Tren Maya y el programa Sembrando Vida, proyectos con severos cuestionamientos por su impacto deforestador y de fragmentación ecológica en comunidades indígenas.
López Obrador consolidó una doctrina donde la «soberanía nacional» era sinónimo de «soberanía fósil», justificando el rescate incondicional de una de las petroleras más endeudadas del mundo a costa del tejido socioambiental del país.
La perspectiva de los derechos humanos: Este no es un simple debate contable. La falta de presupuesto en la gestión de riesgos y la adaptación climática se traduce directamente en pérdida de vidas y patrimonio, especialmente en los territorios más marginados del país, que enfrentan huracanes, sequías y estrés hídrico con una infraestructura pública colapsada.
El PPEF 2027 revela que, en el enfrentamiento entre la urgencia de la crisis climática y la inercia del capital fósil, el Estado mexicano ha elegido nuevamente al petróleo.
El costo de esta decisión no se medirá en puntos porcentuales del PIB, sino en la erosión de las garantías fundamentales de las comunidades que, hoy por hoy, ya están pagando el precio de un modelo de desarrollo insostenible.
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