Si bien Trump afirmó que pondría «fin al mandato de los vehículos eléctricos», los analistas aclaran que en Estados Unidos nunca existió tal mandato. En cambio, las políticas vigentes se enfocan en incentivos para fabricantes y compradores, con el objetivo de acelerar la transición hacia una industria automotriz más sostenible.
La orden ejecutiva ordena a las agencias federales revisar las normas relacionadas con los vehículos eléctricos y determinar si estas son «excesivamente engorrosas» o limitan la elección de los consumidores. Según Kathy Harris, del Consejo de Defensa de los Recursos Naturales (NRDC), el proceso será largo y burocrático. «Es demasiado papeleo el que interviene entre la administración Trump y la prohibición definitiva de cualquier programa relacionado con los VE», señaló Harris.
Impacto en fabricantes y normativas vigentes
Mientras la orden ejecutiva toma forma, los fabricantes de automóviles continúan produciendo vehículos eléctricos en cumplimiento con regulaciones de emisiones las cuales se implementarán para finales de 2026. Timothy Johnson, profesor de energía y medio ambiente en la Escuela Duke Nicholas, afirmó que los efectos de esta orden no serán inmediatos. «No está claro qué podrá hacer la administración de forma inmediata», puntualizó.
Actualmente, el mercado de los vehículos eléctricos sigue creciendo, impulsado por compromisos de las automotrices y políticas internacionales favorables. Sin embargo, algunas compañías comenzaron a moderar sus ambiciones debido a la incertidumbre en las regulaciones.
Futuro de la infraestructura de recarga
La orden también afecta los fondos destinados a la infraestructura de recarga, un componente clave de la Ley Bipartidista de Infraestructuras de 2021, la cual asignó más de 7,000 millones de dólares para nuevos cargadores públicos en todo el país. Según Jeff Davis, del Eno Center for Transportation, detener el flujo de estos recursos será complicado porque gran parte de los fondos ya fue asignada a los estados. «El dinero seguirá circulando, pero los reembolsos podrían enfrentar limitaciones», explicó Davis, quien sugirió que estos problemas probablemente terminarán resolviéndose en los tribunales.
California, líder en regulaciones ambientales desde la década de 1970, también está en la mira de la nueva orden ejecutiva. Trump busca revocar la exención que permite al estado establecer normas de emisiones y prohíbe la venta de nuevos autos a gasolina para 2035. Julia Stein, de la Universidad de California (UCLA), expresó que cualquier intento de revocar esta autonomía enfrentará desafíos legales. «Nos espera otra larga lucha por la exoneración», indicó Stein.
NotiPress/Martín Olivera
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